Los cuidados de larga duración en Uruguay. Entre la culpa y la incertidumbre

Cuando la dependencia física o cognitiva llega, las familias uruguayas se enfrentan a un dilema brutal: asumir el cuidado en casa (con el consiguiente desgaste) o buscar una residencia. La oferta de residencias para adultos mayores (Elepem) es heterogénea y, a menudo, inaccesible económicamente. La Ley N.º 17.066 establece estándares de calidad, pero la fiscalización es compleja y existen muchos establecimientos no habilitados. El Estado ofrece subsidios, pero no dan abasto frente a la demanda.

Llega un momento, en muchas familias, en que cuidar de un ser querido en casa se vuelve humanamente imposible. Ahí comienza la odisea de buscar un lugar donde delegar ese cuidado con la certeza de que estará bien atendido. En Uruguay, el universo de los Elepem (Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores) es un territorio de luces y sombras. La Ley N.º 17.066 establece con claridad las obligaciones: habilitación del MSP, infraestructura adecuada, higiene, ventilación y presencia de personal médico. Pero la realidad, sobre el terreno, es más compleja.
La primera barrera es la económica. El costo mensual de una residencia para adultos mayores de calidad puede oscilar entre los $30.000 y los $60.000 o más, una cifra absolutamente prohibitiva para quien cobra una jubilación mínima. El Programa de Apoyo al Cuidado Permanente, cogestionado entre Mides y BPS, otorga subsidios para realojar a personas en situación de vulnerabilidad, pero es un programa focalizado que no alcanza a cubrir la demanda masiva. Muchas familias hacen malabarismos, recurriendo a residencias clandestinas o de bajo costo que operan en un limbo legal, donde la calidad de la atención es, cuando menos, dudosa.
La segunda barrera es la calidad. Saber cómo elegir hogares para adultos mayores se convierte en una habilidad esencial for los familiares. La ley exige que en las residencias haya un médico especialista en geriatría o gerontología, y desde 2016 se incorporó la obligatoriedad de contar con un Profesional del Área Social (trabajador social, psicólogo o educador social) para garantizar un abordaje integral. Sin embargo, datos de Inmayores muestran que, aunque en aumento, en 2025 solo el 41,2% de los Elepem cumplían con esta figura. Esto significa que, en la mayoría de los centros, la atención sigue siendo meramente asistencial, descuidando los aspectos emocionales y sociales del residente.
La solución pasa por un triple enfoque. Primero, fortalecer la capacidad de fiscalización del MSP e Inmayores para cerrar los establecimientos ilegales y exigir el cumplimiento de las normas a los legales. Segundo, ampliar los subsidios y crear una red de hogares de ancianos públicos y sin fines de lucro que ofrezcan plazas a precios asequibles. Y tercero, promover modelos de atención centrados en la persona, donde los residentes sean sujetos de derecho y no meros receptores de cuidados. El objetivo final es que la decisión de internar a un ser querido no sea un salto al vacío, sino una opción respaldada por un sistema de garantías.